INSÓLITO PROYECTO PARA DESPENALIZAR EL ABORTO... ¿PARA QUÉ INSISTIMOS CON DIVIDIR LA SOCIEDAD?

Cuando todavía contemplamos con impotencia como alegremente la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se eliminó el marco legal que permitía el funcionamiento de las AFJP y se resolvió el pase de manos privadas a las arcas del Estado de más de $ 90.000 millones, un grupo de los mismos Diputados Nacionales que responden al partido del Gobierno impulsa un proyecto para despenalizar el aborto…

Hasta ahora el artículo 86 del Código Penal establecía lo siguiente:

“Art.86.- Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”

El proyecto impulsado por las Diputadas Nacionales Nora César y Juliana Di Tulio, ambas del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, iguala el aborto a cualquier práctica terapéutica que sirva para eliminar un eventual peligro para la salud o la vida de la madre, permite que cualquier mujer simplemente declare que fue violada y pueda así solicitar que se le practique un aborto, y elimina la necesidad de una autorización judicial para realizar un aborto en los casos que no son punibles.

Para ello proponen, en primer lugar, eliminar el inciso 1 del artículo 86 del Código Penal en la parte que se refiere a “si este peligro no puede ser evitado por otros medios”, con lo cual habilita el aborto como una opción válida en primera instancia al igualarlo a cualquier otro medio que sirva para evitar el supuesto peligro que pueda correr la vida o la salud de la madre.

En segundo lugar proponen establecer que “no podrá exigirse denuncia penal para comprobar la relación sexual no consentida”, con lo cual una mujer simplemente podría presentarse en un hospital y decir que fue violada para pedir que se le practique un aborto, sin necesidad de denunciar esa violación ni que se haya establecido de alguna manera que efectivamente fue violada y que ese embrión cuyo desarrollo se interrumpirá fue producto de esa violación.

El fundamento para eliminar la exigencia de una denuncia penal no es demasiado feliz: "Si le exigiéramos a la mujer una denuncia penal de su violación para poder abortar, la obligaríamos a judicializar una situación fáctica cuando, en realidad, puede optar por no habilitar a la Justicia a que investigue, sin perjuicio de lo cual no debe perder su derecho de abortar. Denunciar y abortar no van de la mano, son cuestiones independientes".

Finalmente la iniciativa deja establecido que “no se podrá exigir autorización judicial para realizar el aborto” en los casos definidos como no punibles, prohibiendo la actuación de la Justicia e ignorando el hecho de que el aborto es un delito y lo que existen son ciertas y limitadas causales de exculpación para quienes lo practiquen.

Claramente no se trata de un trabajo analizado y elaborado por especialistas, sino más bien parece una iniciativa de corte puramente ideológico, con mucho de improvisación.

Posiblemente quienes están abiertamente a favor del aborto quieran contar con un ámbito para debatir el asunto. Es válido que lo tengan y que ese debate contemple cuestiones ideológicas, religiosas, médicas y culturales. Algo bien diferente de lo que se está haciendo con este proyecto.

Hace pocos días tuvo repercusión internacional la votación de la Cámara de Diputados del Uruguay, que por 49 votos a 48 dio media sanción a un proyecto de ley que autoriza el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, en casos de “penurias económicas, sociales, familiares o etarias”. Se trata también de una iniciativa peligrosa por la liviandad con que se aborda el tema.

Creo que hay problemas en la región y en el país que son urgentes y que requieren de la atención inmediata de quienes ocupan cargos en los diferentes poderes del Estado. Iniciativas como estas no contribuyen con la paz social sino que son, por el contrario, fuente de odios y de enfrentamientos…